Gasto público y RRHH: elijamos optimización

Hace breves fechas, el Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reclamó un compromiso a las administraciones públicas autonómicas y locales para reducir el déficit público en 20.000 millones de euros en los próximos años, recordando que la Administración central gestiona sólo un 21,5% del gasto público. El resto se reparte entre la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los municipios.

Así, para cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE -que fija el techo del déficit en el 3% del PIB- resulta indispensable la colaboración de todas las Administraciones. Ocaña recordó que, según las previsiones del Gobierno, los números rojos del sector público ascenderán al 9,5% del PIB este año. Parte de este déficit, un 4% del PIB, se explicaría por las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno -como el fondo de empleo local- y por el incremento del gasto ligado a las prestaciones por desempleo. Un apuesta lógica y coherente en estos momentos, de un instrumento al servicio de las administraciones públicas (la inversión que genera deuda pública), precisamente en éstos momentos de parálisis del sector privado y en donde el sector público ha de hacer acto de presencia.

El resto, un 5,5%, corresponde a déficit estructural, es decir y estos es lo preocupante, al contrario que el anterior se mantendrá aunque la economía vuelva a crecer. Según se señala desde el propio Ministerio de Economía, de cara a paliar el mismo ya no hay margen para incrementar los tributos tras las modificaciones incluidas en los Presupuestos de 2010., por lo que han de introducirse medidas de optimización del gasto público.

El ajuste que ha de afectar a todas las Administraciones, y en concreto, se señala como medida imprescindible la necesidad de racionalizar los costes de personal (en 2008 el incremento de las remuneraciones salariales en el conjunto de Administraciones públicas, especialmente en las CC.AA. aumentó un 9,1%).

No se puede estar más de acuerdo con éstas propuestas. Todo ello no conlleva, necesariamente (aunque sí quizás a nivel parcial), un recorte de los recursos disponibles, sino un estudio profundo para la optimización de los mismos, es decir, dotarles de la máxima rentabilidad a las estructuras organizativas. En este sentido, el Gobierno de la Nación ya estudia eliminar organismos públicos de la Administración central, esperando que cunda el ejemplo a todos los niveles..

Como ha quedado dicho, los gastos de personal se han convertido para las CC.AA. en la principal partida de gasto y, según algunos, en el obstáculo principal para que las administraciones articulen medidas para activar la economía y el empleo privado. Pese a sus intentos, el Presidente Zapatero tuvo que retirar de la cumbre de los presidentes del pasado 14 de enero una propuesta, absolutamente coherente, en la que se instaba a las autonomías a asumir «una política de contención de gastos de personal a través de una oferta de empleo selectiva y de austeridad en el incremento de la masa salarial».

Las cifras no nos llevan al optimismo: los 17 gobiernos han presentado unos presupuestos para 2010 en donde uno de cada tres euros del gasto total regional previsto lo dedicará a pagar las nóminas de los 1,7 millones de empleados de que disponen, un 8,8% mas de empleados que hace apenas un año. En esta cuestión no se tiene vincular necesariamente a ideologías, las “responsabilidades” se reparten en la gestión de administraciones locales de todos los colores. Parece que es una cuestión propia y estructural de las administraciones públicas españolas, ya que en datos cuando se comparan las trayectorias del gasto público por nivel de administración pública en nuestro país con la de otros países, destaca la evolución de las administraciones autonómicas españolas que ha doblado su gasto público en menos de 8 años, mientras que en Alemania (con una organización del estado de carácter federal, similar al nuestro) apenas crecieron 10% y en el conjunto europeo ligeramente por encima del 30%.

Así, el gasto corriente no productivo (de personal, funcionamiento, pagos financieros y transferencias) superará el 79% de media nacional del presupuesto total de 2010 (De esta forma, de cada 100 euros de gasto, las autonomías tienen comprometidos casi 80). Por tanto, les queda muy poco margen, un 20%, para emplear dinero en generar actividad y empleo en el sector privado como demanda la situación económica. Cinco de las 17 autonomías tienen comprometidas partidas de operaciones no productivas por encima de la media nacional, a cuya cabeza esta, curiosamente, la supuesta referencia del modelo liberal: Madrid (87,4%). Le sigue otra comunidad gobernada por el PP (Murcia) con el 83,4%; y a continuación se sitúan País Vasco (PSOE - 82,8%), Cataluña (PSOE - 81,9%), y la Comunidad Valenciana (PP - 81,8%).

En Navarra, los Presupuestos para 2010 fruto del acuerdo entre Gobierno de Navarra y PSN-PSOE, han iniciado una apuesta sensible en ésta línea: unas cuentas públicas en un escenario de permanente estabilidad, sólida financiación, control del déficit público, y equilibrio durable a medio y largo plazo de forma que se garantice la fiabilidad de nuestra economía pública; todo ello sin constreñir los esfuerzos destinados a la inversión productiva, al gasto social y productivo, y a la defensa del Estado del bienestar.

Destaca que se recurre a la Deuda Pública de carácter productivo , es decir, la inversión pública en generar actividad económica, una inversión que se verá reducida en cuanto el sector socioeconómica recupere la senda del crecimiento, no siendo por lo tanto un déficit de carácter estructural. Y en esta línea, ante una posible recuperación de la actividad económica que conllevase una mejora en la recaudación fiscal, una apuesta también clara para que los nuevos recursos disponibles de dediquen a un mayor impulso público de la actividad económica productiva.

Unido a todo ello, igualmente se van dando pasos positivos en la dirección de la optimización de los recursos humanos públicos, como es el acuerdo en el que, con carácter general, ninguna de las sociedades públicas de las Administración Foral podrá incrementar el número de trabajadores que integren su plantilla en 2009.

Son unos primeros pasos a los que han de seguridad otros. Sería deseable que con el concursos de todos los agentes sociales implicados, de cara a introducir instrumentos de optimización del gasto de personal, flexibilizar las relaciones laborales, adaptar a la realidad del siglo XXI los procesos de selección (compatibles con los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia); promover la movilidad, el reciclaje y la formación del personal; apuesta estratégica por la motivación; retención del talento; y otras como ajustar las plantillas a la realidad presupuestaria de cada momento, o fijar, incluso, un máximo porcentual de gastos de personal. Pero esto daría para varios artículos y ámbitos de reflexión debate. Solo lo quiero dejar ahí.

En definitiva, soy consciente de cierta impopularidad, no ya solo de tomar decisiones al respecto sino de incluso abrir el debate. Pero no es que sea un debate necesario: Es un debate imprescindible, si queremos estar a tiempo de gestionar el gasto público con criterios de optimización ya que, de lo contrario, en el caso que sigamos con la senda denunciada, mucho nos tememos que, a corto y medio plazo, nos veamos obligados a tomar medidas más traumáticas, en la línea histórica de la reconversión industrial de la siderurgia en los años 80 llevada a cabo de manera ejemplar y determinante por el Gobierno de Felipe González y debido precisamente a que, a los responsables públicos que le precedieron les falto o la capacidad o la voluntad de llevarla a cabo.

Javier Remírez, es Abogado y Director de Recursos Humanos